La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a conocer un viraje significativo en las prioridades de política territorial y urbana del Gobierno de México. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, los recursos de la dependencia se concentran de manera casi exclusiva en el Programa de Vivienda Social, mientras que el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que desde 2019 había transformado barrios y colonias marginadas, desaparece por completo de los tomos presupuestales.
Un presupuesto histórico para vivienda
El Programa de Vivienda Social contará en 2026 con 32,280 millones de pesos, una cifra sin precedentes y similar a la de 2025, cuando recibió 32,000 millones. Con estos recursos se planean 150,000 acciones habitacionales: 50,000 nuevas viviendas y 100,000 intervenciones de ampliación o mejoramiento.
La estrategia prevé que, al final del sexenio, se construyan 1.8 millones de unidades de vivienda mediante la coordinación de Infonavit, Conavi y Fovissste. Este esfuerzo está vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que en su objetivo 2.9 establece la meta de “garantizar el derecho a una vivienda adecuada y sustentable que mejore la calidad de vida de la población mexicana, contribuyendo a cerrar las brechas de desigualdad social y territorial”.
Con ello, la vivienda se convierte en el eje articulador de la política urbana y territorial federal, pasando de ser uno de varios frentes a convertirse en la prioridad central.
El fin del Programa de Mejoramiento Urbano
La contracara de esta decisión es la desaparición del PMU, un programa que nació en 2019 con un presupuesto de 8,000 millones de pesos y que en pocos años se convirtió en referente internacional. Su propósito era transformar colonias marginadas a través de espacios públicos, infraestructura básica y servicios comunitarios.
Durante su vigencia, el PMU fue reconocido con 223 premios nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), encargado de su implementación, lo definía como una herramienta clave para que las familias en zonas urbanas de rezago social accedieran a mejores condiciones de habitabilidad.
No obstante, su presupuesto comenzó a disminuir: pasó de 8,360 millones de pesos en 2021 a 2,500 millones en 2025. En 2026, por primera vez desde su creación, el programa no aparece en los registros presupuestales.
Un cambio de prioridades
El contraste entre ambos programas refleja el cambio de enfoque en la política territorial del gobierno federal. Mientras en los primeros años del sexenio pasado el PMU llegó a manejar recursos que incluso duplicaban a los de vivienda, a partir de 2022 la balanza se inclinó de manera decisiva hacia la construcción y mejoramiento de hogares.
El nuevo presupuesto no solo reorienta el gasto, sino que también redefine la estrategia. Ahora, el énfasis está en el ordenamiento territorial, la regularización de la propiedad rural y la vivienda como los tres pilares de acción de la Sedatu.
Implicaciones para las ciudades
La desaparición del PMU implica que ya no existe un instrumento federal específico para financiar intervenciones urbanas en colonias con rezago social. En su lugar, el gobierno plantea que la Política Nacional de Vivienda funcione como vehículo articulador con los organismos nacionales y los gobiernos locales para alcanzar las metas de construcción y mejoramiento.
Esto significa que los proyectos de regeneración urbana, espacios públicos e infraestructura barrial dependerán en mayor medida de presupuestos estatales y municipales, así como de posibles mecanismos de coordinación interinstitucional.
Una nueva etapa
Con esta decisión, el Gobierno de México apuesta a que la vivienda se convierta en la puerta de entrada para articular la política urbana y territorial del próximo sexenio. Si bien el incremento de recursos representa una oportunidad histórica para ampliar la cobertura habitacional, especialistas advierten que el riesgo es dejar de lado la dimensión urbana y comunitaria que el PMU representaba.
El desafío, de acuerdo con analistas, será garantizar que las miles de viviendas proyectadas no se conviertan en soluciones aisladas, sino en núcleos de desarrollo sustentable capaces de mejorar integralmente la calidad de vida de los habitantes.