En medio del creciente debate sobre la gentrificación en la Ciudad de México y el paquete de medidas contenidas en el Bando 1 y el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR) alzó la voz para exigir un trato justo y una visión integral de su actividad económica. Lejos de asumir una actitud defensiva, los representantes de este sector sostienen que no son responsables de la crisis de vivienda en la capital y que, por el contrario, son parte de la solución.
“No somos el enemigo”, declaró de manera tajante Juan Pablo González López, embajador de APAR en la capital. El representante subrayó que los actores del sector de rentas vacacionales no deben ser estigmatizados como culpables únicos del fenómeno de la gentrificación, cuando hay múltiples factores involucrados.
“Siempre, en una regulación, se tiene que analizar lo positivo y negativo de cada sector. En nuestra industria, las cosas positivas sobrepasan con creces los aspectos negativos”, enfatizó.
Un sector que genera empleos y arraigo comunitario
González López recordó que las rentas vacacionales en la CDMX generan más de 65,000 empleos y autoempleos formales, de los cuales una proporción significativa corresponde a mujeres —muchas de ellas jefas de familia— y personas adultas mayores que complementan sus pensiones con esta actividad. Desde administradores, recepcionistas y personal de limpieza hasta proveedores locales y anfitriones, esta industria ha tejido una red económica que incide directamente en la vida de miles de familias.
“El séptimo punto del Bando 1 plantea crear vivienda pública en renta para sectores como madres solteras o adultos mayores, pero ¿cómo pueden pagar una renta si no tienen empleo? Hay una contradicción clara”, advirtió.
Minoría con alto estigma
Contrario a la percepción generalizada, el sector de rentas turísticas representa una minoría dentro del mercado habitacional. Según datos proporcionados por APAR, apenas el 0.87% del total de viviendas en la ciudad se destinan al hospedaje temporal. Si se cuentan únicamente las unidades completas, el porcentaje es aún menor: 0.57%.
En contraste, existen más de ocho viviendas deshabitadas por cada unidad destinada a renta temporal, un fenómeno mucho más crítico en términos de desuso del parque habitacional. “No somos desarrolladores ni especuladores”, afirmó el vocero de APAR. “La mayoría de nuestros afiliados administra una o dos propiedades, de forma profesional, con apego a la ley y generando valor a las comunidades donde operan”.
Reconocen avances del Plan Maestro
Desde APAR reconocen como un paso en la dirección correcta que el nuevo Plan Maestro impulsado por Alejandro Encinas, secretario de Planeación de la Ciudad, reconozca que la gentrificación es un fenómeno multicausal, no atribuible exclusivamente a un solo sector.
“Por primera vez se habla con seriedad de este tema. Somos los últimos en la lista y eso tiene todo el sentido del mundo. Hay que hablar del uso de suelo, de los proyectos inmobiliarios masivos, del abandono de viviendas, de la desigualdad histórica”, expresó González López.
Rechazo a medidas punitivas sin sustento
Uno de los puntos más controversiales ha sido la propuesta de limitar la ocupación de propiedades en renta vacacional al 50%, una medida que APAR considera injusta, técnica y jurídicamente inviable.
“Esta propuesta no solo castiga a quienes lo hacen bien, sino que termina favoreciendo a quienes operan en la informalidad”, señaló. “No hay ningún otro sector en México que tenga un tope de operación similar. Ni siquiera los hoteles enfrentan algo así”.
Desde la óptica de APAR, este tipo de restricciones ponen en riesgo miles de empleos y fomentan la clandestinidad, justo lo contrario de lo que busca una regulación inteligente.
Llamado al diálogo
APAR expresó su disposición plena a participar en las mesas de trabajo anunciadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la construcción de reglas claras y equitativas para todos los actores del sector.
“Llevamos más de una década en esta actividad. Nos hemos capacitado, invertido, pagamos impuestos y hemos desarrollado comunidades. Lo que pedimos no es impunidad, es regulación con base en datos reales, no en prejuicios ni presión política”, concluyó González López.
El debate sobre la vivienda en la Ciudad de México está lejos de cerrarse, pero voces como la de APAR buscan reorientar la discusión hacia un enfoque más técnico, multicausal y colaborativo. Mientras el Gobierno capitalino avanza en su agenda de justicia territorial, queda claro que el reto será construir soluciones sin estigmatizar a sectores que también generan bienestar, empleo y arraigo en las comunidades que comparten.