La propuesta fiscal incluida en el Paquete Económico 2026 encendió las alarmas en el sector de fondeo colectivo, particularmente en las plataformas de crowdfunding inmobiliario. Si bien la industria había solicitado desde hace años reglas claras en materia fiscal, lo planteado por la Secretaría de Hacienda genera preocupación al establecer condiciones que los jugadores del sector califican como desiguales frente al resto del sistema financiero.
De acuerdo con la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2026, las instituciones de financiamiento colectivo deberán retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 20% sobre los intereses generados. En contraste, para el resto del sistema financiero la tasa propuesta es de apenas 0.90%. Esta diferencia representa, según especialistas, una carga desproporcionada y un trato desigual frente a entidades que realizan actividades similares.
Alberto Padilla, cofundador de Briq.mx —plataforma especializada en crowdfunding inmobiliario— explicó: “Se nos pide hacer el mismo nivel de onboarding a los usuarios, el mismo nivel de auditorías y cumplir con los mismos requerimientos de capital. Por un lado se nos trata como sistema financiero, pero en la parte fiscal no”.
Actualmente existen 28 firmas de crowdfunding autorizadas en el marco de la Ley Fintech, de las cuales unas 10 se enfocan en proyectos inmobiliarios. Las más grandes, que concentran alrededor del 60% del mercado, ya aplican retenciones y entregan constancias a inversionistas, por lo que no se prevé un golpe directo. Sin embargo, la iniciativa tampoco ofrece incentivos que impulsen el crecimiento del sector. “Tal vez a 70 u 80% no le va a afectar porque de una u otra manera ya lo hace; le va a afectar en no tener ventajas, en no avanzar”, subrayó Padilla.
Retos adicionales: trámites y límites de fondeo
La Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo (AFICO) advirtió que la propuesta complica la operación administrativa, ya que obliga a emitir constancias de retención mensuales en lugar de una consolidada anual, lo que eleva costos y procesos.
A la par, persisten límites regulatorios que frenan el crecimiento del crowdfunding inmobiliario. Hoy, las plataformas pueden fondear proyectos hasta por 14.2 millones de pesos (1.67 millones de UDIS), ampliables mediante autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta 57.3 millones de pesos (6.7 millones de UDIS). Sin embargo, para proyectos de gran escala esta cifra resulta insuficiente. “El ideal es que no haya límites, pero si los hay, deberían ser mucho más altos, cercanos a los 200 millones de pesos”, afirmó Padilla.
Competencia desleal con firmas no reguladas
Otro de los desafíos del sector es la competencia con plataformas no reguladas que operan fuera del marco legal. Estas empresas, al destinar menos recursos a cumplimiento normativo, pueden invertir más en marketing y atraer inversionistas con mayor facilidad. Según Padilla, esto genera una ventaja injusta y, además, pone en riesgo la confianza en todo el ecosistema: “Cuando quiebran las firmas no reguladas, el impacto reputacional afecta a las que sí cumplen”.
Perspectivas del sector
Pese a las tensiones regulatorias y fiscales, Briq.mx proyecta un crecimiento de 15% en 2025, impulsado por la baja en tasas de interés que incentiva a los inversionistas a buscar alternativas distintas a los instrumentos tradicionales. El reto, no obstante, será equilibrar la competitividad frente a la banca y otras instituciones financieras, sin que el marco legal termine por frenar el desarrollo de una industria que ha permitido la democratización del acceso a proyectos inmobiliarios.