La relación hídrica entre México y Estados Unidos está sostenida por uno de los acuerdos más antiguos del mundo: el Tratado de Aguas de 1944. Sin embargo, a ocho décadas de su firma, su cumplimiento enfrenta un desafío que va más allá de la diplomacia o la voluntad política: el deterioro y la insuficiencia de la infraestructura hídrica en la frontera norte.

Presas envejecidas, plantas de tratamiento fuera de operación, sistemas de riego ineficientes y redes de distribución obsoletas limitan la capacidad de ambos países —especialmente de México— para medir, almacenar, conducir y sanear el agua compartida. En un contexto de crecimiento poblacional, estrés climático y mayor demanda industrial y agrícola, esta fragilidad técnica amenaza la viabilidad futura del acuerdo.

Un análisis elaborado por la Red del Agua de la UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO y Agua Capital revela que la infraestructura hídrica transfronteriza se ha convertido en el eslabón más débil de la gestión binacional. En mesas de trabajo donde participaron la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Conagua, el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario y académicos de instituciones mexicanas y estadounidenses, el diagnóstico fue claro: hay soluciones técnicas identificadas, pero no existen los recursos financieros ni las capacidades institucionales suficientes para implementarlas.

El informe Perspectivas de las aguas transfronterizas México–Estados Unidos: Orientaciones hacia la seguridad hídrica señala que muchos organismos operadores trabajan con esquemas de crédito que superan su capacidad de pago, mientras otros no tienen acceso a financiamiento. Esta situación impide avanzar en alternativas como la tecnificación del riego, la diversificación de fuentes de abastecimiento, la desalinización de aguas salobres, el reúso de agua residual tratada y los esquemas de intercambio entre distintos usos y usuarios.

Infraestructura detenida y ciudades bajo presión

En México, 1,881 plantas potabilizadoras y de tratamiento se encuentran fuera de operación por falta de recursos para mantenimiento. Esto ocurre mientras ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Nogales y Naco enfrentan problemas graves de saneamiento por obsolescencia tecnológica y carencias técnicas.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan construir un inventario de infraestructura prioritaria y actualizar los sistemas de descarga municipal, además de explorar financiamiento de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América del Norte, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El campo, el mayor consumidor

El sector agrícola utiliza más de 70% del agua disponible en la región fronteriza. Por ello, la tecnificación del riego es una de las prioridades del Plan Nacional Hídrico 2024–2030, que plantea modernizar 200,000 hectáreas en 17 distritos de riego estratégicos.

Para 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 2,419 millones de pesos para el Distrito de Riego 014 Río Colorado, compartido por Baja California y Sonora, y 11,905 millones para distritos en Hidalgo. No obstante, los expertos advierten que estas medidas, en algunos casos, han derivado en una expansión de la frontera agrícola, lo que mantiene el déficit hídrico y eleva la presión para renegociar la disponibilidad del recurso, particularmente desde Estados Unidos.

Inversión insuficiente y brecha binacional

El Plan Nacional Hídrico contempla 17 proyectos estratégicos con una inversión total de 122,600 millones de pesos durante el sexenio. Sin embargo, la inversión de 2025 y la proyectada para 2026 apenas cubren 22.5% del total, dejando un rezago de 95,000 millones para los siguientes cuatro años.

El presupuesto de Conagua para 2026 será de 36,689 millones de pesos, apenas 0.1% del PIB, una cifra muy por debajo del 1.5% o 2% que estiman necesario los expertos. La brecha se agrava al comparar recursos destinados a la CILA: mientras México asignó 52.7 millones de pesos en 2024, Estados Unidos destinó el equivalente a más de 5,200 millones.

Esta asimetría limita la capacidad técnica, operativa y diplomática de México para gestionar los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, justo cuando el cambio climático anticipa reducciones de hasta 30% en el agua efectiva disponible y un crecimiento poblacional que podría duplicar la demanda en la franja fronteriza en las próximas décadas.

Una visión de largo plazo

Ante este escenario, los especialistas proponen crear un Fondo Nacional para la Gestión de Aguas Transfronterizas que permita atender el rezago en infraestructura, fortalecer el monitoreo hidrológico y mejorar la coordinación institucional. Coinciden en que sin inversión sostenida, información compartida y planeación de largo plazo, la seguridad hídrica de la región —y la relación bilateral— permanecerán bajo presión constante.