El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un ajuste al alza en el precio máximo de las Viviendas para el Bienestar, programa prioritario de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, establece que el nuevo tope nacional será de 630,000 pesos, es decir, un aumento del 5% respecto al precio inicial de 600,000 pesos.
El ajuste responde a la necesidad de reconocer las variaciones en costos de construcción a nivel regional, así como la inflación en materiales y mano de obra. Con ello, se busca dar viabilidad financiera a los proyectos sin comprometer la superficie de 60 metros cuadrados por vivienda, que permanece como eje rector del programa.
La Vivienda para el Bienestar surgió con el objetivo de edificar 1 millón de unidades habitacionales destinadas a trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Sin embargo, la meta se amplió hasta alcanzar 1 millón 800,000 viviendas, a través de organismos nacionales de vivienda: la Conavi, el Fovissste, la Sociedad Hipotecaria Federal y, principalmente, el Infonavit, responsable de 1.2 millones de unidades.
El programa establece criterios básicos: viviendas de 60 metros cuadrados, preferentemente en desarrollos verticales y con densidades cercanas a 150 unidades por hectárea. La novedad de las nuevas disposiciones radica en que ya no se fija un precio uniforme a nivel nacional. Ahora se reconoce que factores como el costo de la mano de obra, el transporte de materiales o la localización geográfica pueden influir de manera significativa en el valor de construcción.
De esta forma, si bien el precio máximo es de 630,000 pesos, los costos podrán variar en cada región, siempre que no se rebase dicho tope. Además, el Infonavit queda facultado para realizar actualizaciones posteriores conforme lo requieran las condiciones económicas, lo que implica ajustes periódicos en caso de incrementos inflacionarios.
Expertos advierten que esta medida es necesaria para garantizar la viabilidad del programa. De no haberse reconocido la diversidad de costos en el país, se corría el riesgo de que los proyectos fueran financieramente inviables. Sin embargo, también se señala que el nuevo “poder” del Infonavit para ajustar precios conlleva una gran responsabilidad: evitar que al elevarse los valores se distorsione el mercado de la vivienda social.
Algunos analistas consideran que, en lugar de mantener un precio fijo, será fundamental combinar los ajustes con subsidios locales o federales que amortigüen el impacto para los trabajadores de menores ingresos. Por ejemplo, en Nuevo León se ha anunciado ya un esquema de apoyo adicional, lo que podría replicarse en otras entidades.
El ajuste también se interpreta como un paso hacia la consolidación de un modelo flexible, capaz de responder a cambios económicos y regionales, sin abandonar los principios de accesibilidad y equidad. En palabras de especialistas, “era insostenible pensar que una vivienda en la frontera norte debía costar lo mismo que una en el sureste”, por lo que el nuevo marco da realismo al proyecto.
El reto será mantener el equilibrio entre sostenibilidad financiera y acceso real para los trabajadores de menores ingresos. Con más de 1.8 millones de viviendas proyectadas, el programa se perfila como el esfuerzo más ambicioso de vivienda social en décadas, y su éxito dependerá de la capacidad del Infonavit para aplicar con prudencia este mecanismo de actualización de precios.
El ajuste a 630,000 pesos no solo reconoce la realidad económica del país, sino que abre la puerta a futuras revisiones, con el objetivo de que la Vivienda para el Bienestar sea socialmente justa, financieramente viable y un verdadero motor de inclusión.