El Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal, plantea la construcción de 1 millón 800,000 hogares durante este sexenio, con el objetivo de reducir el rezago habitacional y atender la demanda de vivienda social en México. No obstante, especialistas advierten que la verdadera meta no debe limitarse al número de casas edificadas, sino garantizar que estas sean dignas, sostenibles y bien localizadas, evitando los errores del pasado que generaron ciudades desiguales y fragmentadas.
Durante el foro Coalición por la Vivienda: Techo, Tierra y Territorio, se subrayó que la problemática del acceso a una vivienda adecuada en el país es profunda y requiere un enfoque integral. Datos compartidos en el evento señalan que en México existen 8 millones de viviendas en rezago, 11.7 millones con deficiencias en calidad y espacios y 22.9 millones de personas sin acceso a servicios básicos, condiciones que limitan la calidad de vida y perpetúan la desigualdad social.
Romy Rojas Garrido, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (Conared), destacó que el desafío central no es solo construir más, sino transformar la manera en que se planifica y se habita: “No se trata de sumar casas masivamente, sino de hogares dignos, conectados, sostenibles y bien localizados. No se trata de cantidad, sino de calidad de vivienda”.
Por su parte, Fernanda Lonardoni, representante de ONU-Hábitat para México, Cuba y Centroamérica, señaló que la crisis de acceso a la vivienda es un fenómeno global que afecta a cerca de 3,000 millones de personas en el mundo. Subrayó que el programa federal debe alinearse con los siete principios constitucionales de la vivienda adecuada: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.
Evitar errores del pasado
De acuerdo con Silvia Díaz Duarte, directora de Política de Vivienda en la Sedatu, la estrategia actual busca superar los modelos de expansión desorganizada que en décadas anteriores produjeron viviendas desconectadas de servicios y fuentes de empleo. Explicó que el enfoque del gobierno es impulsar hogares con servicios básicos garantizados, equipamiento urbano cercano, vialidades adecuadas y conectividad que acerque a las familias a oportunidades de trabajo y educación.
La funcionaria recalcó que uno de los ejes estratégicos es asegurar suelo bien localizado a través de la coordinación con estados y municipios. Este factor resulta crucial para que las viviendas sociales se desarrollen en entornos que favorezcan la integración social y el crecimiento ordenado de las ciudades.
Según datos oficiales, esta política permitió que en el sexenio pasado más de 5.8 millones de personas salieran del rezago habitacional, y que el déficit de vivienda se redujera de 9.2 millones a 8.3 millones.
Acción colectiva y participación social
Durante el foro, Óscar Mendoza Cervantes, co-director de la plataforma Práctica: Laboratorio para la Democracia, enfatizó que garantizar el derecho a la vivienda requiere no solo políticas de financiamiento accesibles y producción social de vivienda, sino también escuchar y reconocer la voz de las comunidades que enfrentan estas carencias diariamente. “Sin la voz organizada de las comunidades, cualquier política de vivienda será letra muerta”, advirtió.
Entre sus propuestas destacó la necesidad de impulsar la producción habitacional social adaptada a cada contexto, asegurar suelo urbano gestionado con transparencia, diseñar esquemas financieros solidarios y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
En este marco, el Conared y ONU-Hábitat firmaron un acuerdo de colaboración orientado a la revisión e incidencia en propuestas de políticas públicas, alineadas con la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, que buscan promover un desarrollo urbano sostenible e inclusivo.
Un reto de largo alcance
La meta de edificar casi dos millones de viviendas en el sexenio es ambiciosa, pero especialistas coinciden en que la prioridad debe ser la calidad, la ubicación y la sostenibilidad de los hogares. De no atender estos factores, México corre el riesgo de repetir errores que dejaron huella en el paisaje urbano: ciudades periféricas desconectadas, carentes de servicios y sin oportunidades de desarrollo para sus habitantes.
El reto del Programa de Vivienda para el Bienestar no está solo en los números, sino en garantizar que cada nueva casa represente un hogar digno, conectado y funcional, capaz de convertirse en un pilar para mejorar la calidad de vida de millones de familias mexicanas.