Estados Unidos enfrenta una crisis habitacional que se profundiza con la aplicación de políticas migratorias más estrictas. A la falta de inversión en nuevos proyectos se suma un déficit creciente de trabajadores, muchos de ellos migrantes, cuya ausencia ya impacta en los costos de la construcción y en el precio final de la vivienda.
El país arrastra una escasez estimada de 3.7 millones de unidades habitacionales, consecuencia de más de una década de construcción insuficiente. Sin embargo, expertos coinciden en que no se trata solo de un problema de planeación urbana o financiamiento, sino también de un déficit de fuerza laboral. En julio de 2024 se registraron 248,000 vacantes sin cubrir en el sector, y la industria calcula que en 2025 necesitará 454,000 empleados adicionales para atender la demanda.
En ese contexto, la participación migrante resulta determinante. El Urban Institute estima que los migrantes representaron en 2023 el 23% de los trabajadores de la construcción, mientras que KPMG eleva la cifra a 25%. En estados como Texas y California, la proporción alcanza hasta el 40%.
“Más de la mitad de los trabajadores en obra negra son migrantes. Si esas labores no se realizan, todo el proyecto se detiene desde la base”, advierte Blanca Algarra, profesora del Tecnológico de Monterrey.
El reto se agrava por las políticas del presidente Donald Trump, cuya administración ya expulsó a más de 200,000 personas hasta agosto de este año. El Instituto de Política Económica (EPI) advierte que, de mantenerse un ritmo de un millón de deportaciones anuales, se perderían casi seis millones de empleos en el país, de los cuales 2.3 millones corresponderían a la construcción. Esto representaría una reducción del 18.8% en la fuerza laboral del sector.
Los impactos no se limitan a la población migrante. La construcción funciona de manera interdependiente: si faltan albañiles y enmarcadores, disminuye también la demanda de electricistas y plomeros, incluso cuando son ciudadanos estadounidenses.
Texas y California se encuentran entre los estados más vulnerables. Solo en estas entidades se concentran más de 1.1 millones de trabajadores migrantes en la construcción, documentados e indocumentados. En California, el EPI calcula que podrían perderse hasta 1.1 millones de empleos en caso de deportaciones masivas, equivalentes al 6.2% del total estatal.
El encarecimiento de la mano de obra es otro efecto inmediato. Ante la escasez, las empresas compiten por retener trabajadores, lo que eleva los costos y reduce la viabilidad de proyectos de vivienda accesible. “Lo que veremos es que la vivienda costeable será cada vez menos viable; los pocos trabajadores que queden se orientarán a proyectos de alto valor”, sostiene Algarra.
De acuerdo con el Urban Institute, el 42% de los trabajadores de la construcción se emplea en vivienda residencial. Su salida del mercado repercute directamente en la oferta de nuevas casas, ampliando el déficit y elevando los precios.
Las estrategias actuales resultan insuficientes. Algunas compañías han aumentado salarios o implementado semanas laborales reducidas con pago completo, pero los especialistas señalan que son medidas paliativas. La propuesta de crear un programa de visas temporales específicas para la construcción, similar al existente en el sector agrícola, permanece sin avances.
“El efecto de las deportaciones masivas será devastador: menos trabajadores, más retrasos y un aumento sostenido en los precios de la vivienda”, concluye Ben Zipperer, economista sénior del EPI.
La advertencia coincide con experiencias previas. Durante el primer mandato de Trump, la aplicación de programas como Secure Communities redujo el empleo de trabajadores migrantes y ralentizó la construcción, con efectos adversos también para los ciudadanos estadounidenses. La falta de reemplazo en la mano de obra no generó más empleos locales, sino una pérdida neta que contribuyó al alza en los precios de la vivienda.
Con el endurecimiento de la política migratoria, especialistas advierten que la crisis habitacional de Estados Unidos podría agravarse en los próximos años, encareciendo aún más el acceso a la vivienda.