Ante la inminente aprobación de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley Nacional de Aguas, el sector inmobiliario organizado en la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra) llamó a consolidar un marco regulatorio con reglas claras que brinde certidumbre para la inversión y el desarrollo urbano en México. La organización enfatizó que, si bien reconoce la apertura al diálogo por parte del gobierno federal, aún existen retos que deberán ser atendidos para garantizar un crecimiento ordenado y sostenible del sector.

La discusión legislativa ha generado especial atención entre los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), dado que la administración, uso y transmisión de derechos de agua son elementos fundamentales para la operación de portafolios inmobiliarios. Actualmente, las Fibras representan 4.5% del Producto Interno Bruto nacional, por lo que cualquier cambio normativo tiene efectos directos en la evolución de sus inversiones, la expansión de sus activos y la viabilidad de proyectos nuevos en distintas regiones del país.

Amefibra destacó que la interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores y el equipo técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha permitido que el análisis de la iniciativa incorpore una visión social más amplia, colocando el derecho humano al agua como eje rector. La Asociación subrayó que garantizar este principio es indispensable no solo para el bienestar de la población, sino también para asegurar que el desarrollo urbano pueda avanzar con una base sostenible y equitativa.

El dictamen incluye 50 modificaciones destinadas a actualizar la gestión hídrica en México. Frente a ello, Amefibra reiteró que mantendrá su colaboración con autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer prácticas de eficiencia hídrica en los inmuebles del sector, particularmente en aquellos que dependen de reservas, concesiones y disponibilidad del recurso.

El organismo empresarial señaló que el nuevo marco regulatorio debe considerar aspectos esenciales para dar certidumbre a los desarrolladores, operadores y usuarios finales. Entre estos elementos destacan: la protección efectiva del derecho humano al agua, la gestión sostenible y eficiente del recurso, la creación de mecanismos transparentes para la transmisión de derechos, claridad regulatoria para los operadores, facilidades para el cumplimiento normativo en zonas de alta presión hídrica y procesos administrativos modernos que respondan al crecimiento urbano y a la complejidad de la infraestructura inmobiliaria.

Asimismo, apuntó que la colaboración entre autoridades, sector privado y comunidades será clave para elevar los estándares de uso responsable del agua, incorporar tecnologías de eficiencia, ampliar el aprovechamiento de agua pluvial para usos no domésticos y promover modelos de desarrollo resilientes ante el estrés hídrico.

Cambio de liderazgo en Amefibra

En paralelo a la discusión legislativa, la Asociación anunció un relevo en su dirigencia. Tras la votación realizada el 1 de diciembre, Jorge Avalos Carpinteyro, director general de Fibra Monterrey, fue designado presidente para el periodo 2026-2027, luego de desempeñarse como vicepresidente. Asumirá formalmente el cargo el 1 de enero de 2026, en sustitución de Salvador Daniel Kabbaz Zaga.

Ávalos afirmó que su objetivo será fortalecer el crecimiento del sector y consolidar prácticas corporativas que generen valor sostenible para inversionistas, inquilinos, desarrolladores y comunidades. Amefibra actualmente reúne a 15 Fibras con presencia en todos los segmentos inmobiliarios dependientes de infraestructura hídrica, desde naves industriales y oficinas hasta centros comerciales, hoteles, hospitales y escuelas. Su portafolio, compuesto por más de 2,000 propiedades, suma alrededor de 30 millones de metros cuadrados de área bruta rentable.

La Asociación concluyó que un entorno hídrico con reglas claras y procesos eficientes permitirá que los proyectos inmobiliarios avancen con mayor estabilidad, contribuyendo a un desarrollo urbano ordenado y alineado con las necesidades ambientales y sociales del país.