Durante el panel “Territorios que prosperan: el papel de la vivienda en el desarrollo económico y social”, realizado en el marco del Encuentro Nacional de Vivienda 2025, especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que la vivienda no solo es un derecho social fundamental, sino también uno de los motores más poderosos para impulsar el crecimiento económico, reducir desigualdades y construir ciudades más eficientes y productivas.

Fernanda Lonardoni, jefa del Programa de ONU-Habitat para México, Cuba y Centroamérica, destacó que el mundo vive una fase acelerada de urbanización que continuará intensificándose en las próximas décadas. Con una población global de 8,000 millones —que podría alcanzar los 10,000 millones hacia 2050—, las ciudades enfrentarán presiones inéditas. Según la experta, cada cuatro meses debería construirse una ciudad del tamaño de Nueva York únicamente para albergar a quienes se incorporan a zonas urbanas.

Sin embargo, este crecimiento está ocurriendo principalmente mediante expansión de baja densidad hacia periferias con menor acceso a servicios, empleo y oportunidades. Lonardoni advirtió que este patrón profundiza desigualdades: una persona que vive en zonas centrales puede tener hasta 28 veces más acceso a empleos formales que un habitante de las periferias.

La experta subrayó que la crisis de la vivienda es ya un fenómeno global. Casi 3,000 millones de personas viven en condiciones de insuficiencia habitacional, es decir, cerca de la mitad de la población mundial. En América Latina, entre 25% y 30% de la población urbana reside en asentamientos informales, mientras menos del 10% de las ciudades del mundo cuenta con mercados de vivienda realmente asequibles. Pese a este panorama, destacó una oportunidad histórica: falta por construirse casi 80% de la infraestructura urbana necesaria para los próximos 25 años, lo que permitiría corregir errores del pasado y orientar el crecimiento hacia ciudades más compactas, inclusivas y resilientes.

Datos y desafíos de la vivienda en México

Desde el ámbito estadístico, Octavio Heredia, director general adjunto del INEGI, señaló que México cuenta con más de 38.5 millones de viviendas particulares habitadas, cifra superior a los 35.2 millones registradas en 2020. Aunque el acceso a servicios básicos está ampliamente cubierto, persisten desigualdades significativas en la calidad de los materiales de construcción. Mientras estados como Nuevo León y Aguascalientes superan el 96% de viviendas con techo de losa, entidades como Chiapas, Oaxaca y Tabasco no alcanzan el 50%.

El déficit habitacional del país es mayormente cualitativo: 44% de las viviendas presentan humedad, 40% tienen grietas o cuarteaduras, y casi 8% registra fallas en tuberías. A esto se suma un mercado de renta en crecimiento, especialmente entre jóvenes que aún no acceden a crédito hipotecario.

En el terreno económico, Heredia subrayó que el sector vivienda representó en 2023 alrededor de 1.6 billones de pesos, equivalente al 5.3% del PIB nacional, con un crecimiento de 2.6% anual. Además, generan 2.19 millones de empleos, es decir, 5.4% del total nacional, consolidándose como uno de los sectores más relevantes para la economía del país.

En materia de pobreza, los avances son notorios: las personas que vivían con carencias graves en materiales de vivienda pasaron de 19.7 millones en 2008 a 10.3 millones en 2024. Sin embargo, el rezago sigue siendo considerable y requiere políticas públicas más precisas.

Un urbanismo desequilibrado y el reto del suelo

José Iracheta, titular del Insus, señaló que el crecimiento urbano de México ha sido profundamente desequilibrado. En los últimos 50 años, las ciudades se expandieron 2.3 veces más rápido que su población, generando urbes de baja densidad, centros urbanos vaciados y periferias alejadas, lo que encarece el acceso al suelo y la vivienda. Cerca del 50% de la población no puede adquirir una vivienda adecuada dentro de la ciudad, especialmente los sectores de menores ingresos.

Además, cerca del 80% del crecimiento urbano de los últimos 40 años ocurrió sobre suelo ejidal, lo que ha derivado en procesos extensos de irregularidad, mayores costos de regularización y dificultades para dotar de servicios públicos a estas zonas.

Hacia ciudades que prosperan

Los especialistas coincidieron en que la vivienda debe considerarse un instrumento central para la prosperidad territorial. La ubicación, el diseño y la forma en que se financia impactan directamente en productividad, movilidad, acceso a oportunidades y cohesión social. Por ello, instaron a replantear el modelo de crecimiento urbano hacia ciudades mejor conectadas, con uso eficiente del suelo y mayor acceso a vivienda adecuada.

“El problema está en las ciudades, pero también en ellas está la solución”, concluyeron, subrayando que el futuro de la prosperidad en México dependerá de la capacidad del país para rediseñar su política de vivienda y desarrollo urbano.