La simplificación y digitalización de los trámites vinculados a la construcción debe convertirse en una de las prioridades del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del gobierno federal. Durante su participación en el Encuentro Nacional de Vivienda 2025, la empresaria subrayó que la tramitología actual constituye uno de los principales inhibidores para el desarrollo habitacional y para el dinamismo económico del sector.

Gómez detalló que, a nivel federal, existen alrededor de 7,500 trámites que deben cumplir inversionistas de cualquier industria. A esta cifra se suman, en promedio, 1,750 trámites estatales, lo que configura un entorno altamente complejo para quienes buscan desarrollar proyectos productivos, incluidos los de vivienda. Cada trámite considera, en promedio, unos 15 requisitos, lo que en conjunto representa más de 40,000 procesos administrativos que deben atenderse en todo el país.

A manera de ejemplo, recordó que solo en la Ciudad de México existían 2,500 trámites durante la administración pasada; sin embargo, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los redujo a 500. A pesar de la disminución, Gómez señaló que el cumplimiento sigue siendo “francamente difícil”, tanto para empresas como para dependencias públicas.

La coordinadora del Consejo Asesor Empresarial explicó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se alcanzaron dos consensos fundamentales: México no puede endeudarse más, y los programas sociales deben mantenerse. Esa decisión derivó en recortes presupuestales de entre 30% y 40% en la mayoría de las secretarías, lo que afectó la capacidad operativa del gobierno.

En ese contexto, sostuvo que la actual administración debe apostar a la simplificación administrativa y a la digitalización de procesos, con el objetivo de evitar que la carga burocrática se transfiera al ciudadano o a las empresas. “Lo que hizo la administración pasada fue pasar el gasto corriente del gobierno al ciudadano”, enfatizó.

Asimismo, Gómez señaló que el gobierno federal también ha enfrentado directamente los efectos de la tramitología, debido a su participación en proyectos de construcción de parques industriales en Tultitlán (Estado de México), Astillero (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León). En uno de estos casos, dijo, se les pretendía cobrar hasta 14 veces el costo marcado por la ley para obtener una licencia de construcción, bajo argumentos como reforzar vialidades o ampliar infraestructura.

La empresaria indicó que muchos de los trámites municipales relacionados con la construcción funcionan más como mecanismos recaudatorios que como instrumentos de ordenamiento urbano, protección civil o mejoramiento de espacios públicos. Por ello, adelantó que el gobierno federal impulsará cambios para hacer más eficiente este entorno regulatorio.

No obstante, precisó que no se propone eliminar permisos que tengan una verdadera razón de ser, sino corregir aquellos mal diseñados o que generan incentivos para prácticas discrecionales. Gómez subrayó que deben establecerse procesos claros que eviten interpretaciones amplias de la ley, ya sea en perjuicio o beneficio de particulares.

Finalmente, advirtió que la simplificación de trámites debe ir acompañada de una estrategia firme contra la corrupción: “Que no haya discrecionalidad ni actos de corrupción entre funcionarios de cualquier nivel y empresarios”. Para ello, insistió en que la digitalización y la claridad normativa representan las herramientas más efectivas para fortalecer la transparencia y la actuación gubernamental.