En México, la imagen de viviendas inconclusas —muros de block sin aplanar, techos improvisados y estructuras que nunca se terminan— se ha normalizado como parte del paisaje urbano y rural. Sin embargo, esta condición, conocida como obra negra u obra gris, representa mucho más que un estado temporal de construcción: es un factor que afecta la salud, la economía y el desarrollo social de millones de familias.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 21.9% del parque habitacional presentaba rezago en 2024, equivalente a más de 8.3 millones de viviendas. Las consecuencias de vivir en casas sin terminar son profundas. Un estudio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) advierte que los adultos en viviendas rezagadas tienen 10.2% más probabilidad de enfrentar poca variabilidad alimentaria, mientras que niñas y niños muestran 7.1% más riesgo de ello y 5.9% de consumir alimentos no sanos. La precariedad habitacional también afecta la salud: la distancia para recibir atención de emergencia aumenta 8.8%, la automedicación crece 3.9% y el rechazo de atención médica por falta de recursos se incrementa 0.8%.

El impacto se extiende al ámbito educativo. Los hogares en obra gris presentan condiciones que reducen el rendimiento escolar en 1%, debido a la falta de espacios adecuados para estudiar y al hacinamiento que limita la concentración. Asimismo, esta realidad influye en el desempeño laboral, con una reducción del 2% atribuida a ambientes inestables, estrés y tiempos dedicados a reparaciones constantes.

En términos estructurales, los riesgos son considerables. El ingeniero Óscar Montoya, Gerente General de Materiales San Cayetano, advierte que levantar muros sin estructura adecuada compromete la seguridad de toda la vivienda. A esto se suman filtraciones por losas incompletas, humedad constante y cableado provisional que aumenta el riesgo de incendios. Pese a ello, la autoconstrucción continúa siendo la vía predominante para acceder a vivienda: 63% de las casas del país han sido edificadas de forma progresiva, un proceso que puede extenderse entre 15 y 20 años, según Hábitat para la Humanidad México.

Aunque el costo de los materiales fue un obstáculo durante la pandemia —con incrementos de hasta 50% en algunos insumos—, los últimos tres años han mostrado estabilidad, con aumentos no mayores al 5%, lo que ha permitido retomar obras pausadas. Sin embargo, el rezago sigue siendo monumental. Estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz encabezan la lista con más del 40% de viviendas en situación crítica, mientras entidades como Aguascalientes o Nuevo León mantienen rezagos menores al 6%.

Para atender este problema, la Conavi identifica tres tipos de intervención: mejoramiento, sustitución y ampliación. El 74.4% del rezago requiere acciones de mejoramiento, especialmente en entidades como Veracruz y Chiapas. No obstante, especialistas insisten en que la solución no depende solo de los recursos materiales, sino de la planeación y la capacitación.

Montoya señala que el sector de la autoconstrucción “no ha cambiado sus procedimientos en 50 años”, pese a que la industria ha desarrollado soluciones más seguras y eficientes. Propone fortalecer la asesoría técnica, ampliar el acceso a financiamientos y mejorar la coordinación con gobiernos. A esta visión se suma Fundación Hogares, cuya directora general, Madeleine Cortés, promueve un modelo de planeación participativa centrado en las personas. “La vivienda no se entiende sola ni aislada. Es fundamental generar un ecosistema de barrio”, afirma.

La obra gris no es solo una etapa constructiva: es una condición que determina la calidad de vida. Atender el rezago habitacional implica invertir en seguridad, salud, educación y desarrollo económico. Sin una intervención integral que incluya financiamiento, acompañamiento técnico y participación comunitaria, millones de mexicanos seguirán viviendo en viviendas incompletas que perpetúan ciclos de pobreza y vulnerabilidad.