El sector inmobiliario en México enfrenta un panorama de creciente incertidumbre regulatoria que, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), podría frenar nuevas inversiones y afectar la ejecución de proyectos en curso. Las principales preocupaciones del gremio giran en torno a la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México y la reforma a la Ley de Amparo en el Congreso de la Unión, ambas señaladas como factores que generan desconfianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo con Bosco Quinzaños, vicepresidente de la ADI, establecer un control de precios en las rentas no resolverá los problemas de vivienda en la capital, sino que afectará la certeza jurídica y desincentivará la inversión privada. “Una ley que imponga un índice de precios de arrendamiento vulnera la libertad de comercio y el derecho a la propiedad privada. Lo que se necesita son reformas que incentiven la construcción y la densificación urbana, no que limiten la participación del capital”, afirmó en entrevista.
El representante destacó que antes de discutir una ley de control de rentas, la capital del país debe aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial, pendiente desde hace años. Esta norma permitiría planificar mejor el crecimiento urbano y promover vivienda asequible en zonas con servicios, conectividad y disponibilidad de suelo, evitando la expulsión de habitantes hacia periferias cada vez más lejanas.
“Densificar zonas con servicios e infraestructura existente permitiría que las personas permanezcan en sus barrios, donde tienen sus redes familiares y laborales. Así, la ciudad se vuelve más eficiente, con menores costos de transporte y mayor sostenibilidad en servicios como agua, luz y movilidad”, explicó Quinzaños.
El sector inmobiliario —uno de los principales motores económicos del país— prevé una inversión conjunta cercana a los 15,000 millones de dólares durante este año, con la creación de 355,000 empleos directos e indirectos y un impacto positivo en 48 ramas productivas. Sin embargo, la incertidumbre normativa amenaza con alterar esos planes.
Además de la ley de rentas, la reforma a la Ley de Amparo es vista como una “piedra en el zapato” para los desarrolladores. Según Quinzaños, el sector es particularmente vulnerable a actos discrecionales de autoridades locales, especialmente en temas como permisos, uso de suelo, densidades y regulaciones ambientales.
“Hoy los desarrolladores pueden promover un amparo y obtener una suspensión cuando una autoridad intenta detener un proyecto sin fundamento. Si se eliminan esas suspensiones o se limita su aplicación, quedaríamos sin defensa ante decisiones arbitrarias”, advirtió.
Aunque el Senado revisa algunos puntos polémicos —como la retroactividad de las reformas—, la ADI insiste en que eliminar los mecanismos de defensa jurídica afectaría la viabilidad de muchos proyectos. “Estamos a favor de que el sistema mejore, pero se requiere equilibrio. El país necesita reglas claras y confiables para que la inversión fluya”, subrayó Quinzaños.
El representante del gremio insistió en que la certidumbre jurídica es esencial para mantener el círculo virtuoso de inversión, empleo y desarrollo urbano, y que las políticas públicas deben enfocarse en estimular la oferta de vivienda, no en restringirla.
En un contexto en el que la demanda de vivienda sigue creciendo y la brecha de acceso se amplía, los desarrolladores urgen al gobierno a privilegiar el diálogo con el sector privado y priorizar la planeación urbana sobre la regulación restrictiva. “México necesita más inversión y más vivienda, no más trabas”, concluyó Quinzaños.