El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) enfrenta un obstáculo inesperado en su programa “Vivienda para el Bienestar”: la escasez de agua. Este problema amenaza con retrasar la meta de construir 1.2 millones de viviendas durante el sexenio, ya que en varias regiones del país la falta de infraestructura básica impide avanzar con los proyectos.
De acuerdo con Carlos Ramírez Capó, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), el Infonavit proyecta entregar solo 3,000 viviendas durante 2025, su primer año operativo. “México enfrenta un estrés hídrico severo, y eso limita los volúmenes necesarios para las casas que queremos construir”, señaló durante el foro Think Tank Inmobiliario.
Hasta septiembre pasado, el Infonavit tenía 200,000 viviendas contratadas y miles más en proceso de edificación, aunque el despliegue masivo se prevé hasta 2026. Los principales retrasos obedecen a la insuficiencia de servicios básicos como agua, electricidad y drenaje, indispensables para la habitabilidad de los desarrollos.
Mientras que estados como Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y Colima han mostrado avances gracias a la disponibilidad de suelo y recursos, otras entidades —entre ellas Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Estado de México— enfrentan un panorama más complejo. En estas regiones, los proyectos se detienen por falta de factibilidad hídrica y de suministro eléctrico.
Los problemas, sin embargo, no son exclusivos del sector público. Sergio Leal Aguirre, director general de Vinte, subrayó que los retos del Infonavit son los mismos que enfrentan los desarrolladores privados: largos trámites y deficiencia en servicios. “Un fraccionamiento tarda en promedio 12 meses en constituirse, porque se necesitan licencias, agua, luz y drenaje. Los tiempos administrativos son un cuello de botella”, explicó.
Vinte ha presentado cinco proyectos para integrarse al esquema del Infonavit —ubicados en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro e Hidalgo— que sumarían 11,000 viviendas, pero todos permanecen en espera de autorización.
Ante este escenario, el sector mantiene altas expectativas respecto a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la nueva Ley General de Aguas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y actualmente en revisión en el Congreso. Las modificaciones buscan fortalecer la gestión del recurso, evitar el tráfico de concesiones entre particulares y reducir los tiempos de trámite para los desarrolladores.
“Como constructores, solo transmitimos el agua al usuario final. Lo que esperamos es eficiencia: pasar de un año y medio de trámites a un mes sería un cambio enorme”, afirmó Leal Aguirre.
Otro punto crítico es la falta de criterios uniformes sobre la dotación de agua por habitante. Según Miguel Lozano, director general de la División Vivienda en Casas ARA, urge establecer parámetros nacionales que consideren las tecnologías de ahorro. Actualmente, los municipios exigen entre 180 y 250 litros por persona al día, cuando estudios demuestran que una persona puede vivir adecuadamente con 120 litros diarios gracias a ecotecnologías.
La Canadevi propone que la nueva legislación incorpore una dotación hídrica sustentable y mecanismos para agilizar los permisos. “Se requiere voluntad política si queremos acelerar la sostenibilidad en agua y electricidad. Las pérdidas serían menores y los beneficios, mucho mayores para la población”, concluyó Lozano.
Con un país cada vez más afectado por la crisis hídrica, el futuro del plan de vivienda del Infonavit dependerá tanto de la eficiencia institucional como de la capacidad de adaptación del sector inmobiliario para construir hogares sostenibles y resilientes frente a la escasez de recursos.