La compra y renta de viviendas en México atraviesa una fase crítica: a la crisis habitacional se suma un aumento acelerado de fraudes inmobiliarios, principalmente en los mercados urbanos más digitalizados.
De acuerdo con un análisis del consultor inmobiliario Leonardo González Tejeda, con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y del portal Propiedades.com, durante el segundo trimestre de 2025 se registraron 660 casos ciudadanos de fraudes, lo que representa un incremento del 34% respecto al mismo periodo de 2024.
A la par, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 284 denuncias formales relacionadas con operaciones inmobiliarias en ese mismo lapso, un aumento del 15% frente al trimestre inmediato anterior. No obstante, especialistas advierten que estas cifras oficiales reflejan solo una parte del problema.
Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que la digitalización ha ampliado las oportunidades para estafadores. “En un solo portal inmobiliario se reportaron 300 intentos de fraude en 2024; para mayo de 2025 ya se habían registrado más de 3,500 intentos”, puntualizó.
El mapa del fraude
La Ciudad de México concentra la mayor actividad fraudulenta. Solo en el segundo trimestre de 2025, la capital del país acumuló 456 casos ciudadanos y 127 denuncias formales, equivalente al 69% de todos los casos a nivel nacional.
Sin embargo, en proporción a su población, ciudades como Monterrey y Querétaro presentan las mayores tasas de estafas inmobiliarias, reflejando la vulnerabilidad de los mercados con alta demanda y rápida digitalización.
Arrendamientos, el blanco más común
Los fraudes en rentas son los más frecuentes. De los 660 casos ciudadanos, 587 estuvieron vinculados con arrendamientos y únicamente 73 con compraventas. En las denuncias formales, Profeco registró 190 casos en rentas y 94 en operaciones de compraventa, la mayoría en viviendas usadas.
De acuerdo con Oviedo, muchas estafas ocurren porque no se verifica si la propiedad pertenece a la persona que la ofrece. Esto desalienta inversiones extranjeras y nacionales.
Entre los esquemas más comunes destacan la publicidad engañosa (97 casos), el incumplimiento de contratos (80 casos), cobros no autorizados (65 casos) y problemas de calidad deficiente (42 casos). El monto promedio de fraude es de 43,000 pesos.
Informalidad, el origen del problema
Según la AMPI, la raíz de estas estafas está en la falta de formalidad y de procesos adecuados en las transacciones. “El principal problema es que queremos hacer las cosas por nosotros mismos, sin revisar antecedentes de inmuebles, permisos de construcción o experiencia de desarrolladores”, explicó Oviedo.
Esto afecta tanto a proyectos nuevos, donde no se verifican licencias y permisos, como a propiedades usadas, en las que no se confirma la titularidad del inmueble.
Propietarios también en riesgo
No solo los inquilinos o compradores resultan vulnerables. Los arrendadores enfrentan riesgos significativos. Melisa Gaitán, directora de Crecimiento y Ventas de Homie.mx, indicó que algunos inquilinos falsifican documentos como credenciales de elector, estados de cuenta y comprobantes de nómina, lo que deriva en pagos nulos o retrasados y en procesos de desalojo complicados.
En casos extremos, incluso se han detectado arrendatarios con notoriedad pública que incumplen pagos y utilizan intimidaciones para evitar sanciones.
El panorama muestra que la digitalización del mercado inmobiliario, aunque facilita la búsqueda de vivienda, también ha multiplicado las oportunidades de fraude. La recomendación de los especialistas es realizar operaciones con intermediarios certificados y verificar rigurosamente la autenticidad de propiedades y contratos.