La producción de vivienda en la Ciudad de México está muy lejos de los niveles necesarios para revertir el rezago habitacional que afecta a millones de personas, advirtió la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), tras presentar una serie de propuestas para reactivar el sector y hacer frente a la crisis.
Según un análisis conjunto del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la firma La Haus, México necesita al menos 800,000 nuevas viviendas cada año para atender un déficit nacional estimado en 2.2 millones de hogares. En el caso de la capital del país, el problema es igualmente grave: la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México calcula un rezago de 800,000 unidades, por lo que propone una meta mínima de 30,000 viviendas anuales.
Sin embargo, el panorama actual dista mucho de esos objetivos. De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), hasta julio de 2025 solo se han registrado 1,180 nuevas viviendas en toda la ciudad, lo que representa apenas 0.3% de la meta que plantea la AMPI y 3.9% de la que impulsa el gobierno capitalino.
Durante la presentación de su diagnóstico y propuestas, Karim Oviedo Ramírez, presidente nacional de la AMPI, subrayó que la zona metropolitana del Valle de México necesita al menos 350,000 viviendas al año para reducir la presión sobre los precios y mejorar el acceso a una vivienda formal. “Sin vivienda asequible no habrá rentas justas”, afirmó.
Oviedo presentó un plan de cinco medidas para fomentar la oferta habitacional:
- Subsidios en suelo para facilitar proyectos de vivienda asequible.
- Permisos acelerados para reducir tiempos y costos burocráticos.
- Avales gubernamentales a inquilinos, para garantizar el pago a propietarios y reducir la discriminación.
- Impuestos a viviendas ociosas que encarecen artificialmente el mercado.
- Creación de un Observatorio de Rentas para monitorear precios y evitar abusos.
Concentración territorial y tipología
El informe del RUV muestra una concentración geográfica alarmante: cuatro alcaldías concentran más del 90% de las viviendas registradas en 2025. Miguel Hidalgo lidera con 416 unidades, seguida por Gustavo A. Madero (259), Azcapotzalco (246) y Cuauhtémoc (227). El resto de las demarcaciones tiene una participación marginal o nula. Benito Juárez y Venustiano Carranza, por ejemplo, suman apenas 32 viviendas entre ambas, y en varias alcaldías no se ha reportado ni una sola unidad nueva en lo que va del año.
En cuanto al tipo de vivienda, el 98.4% corresponde a desarrollos verticales (1,162 unidades), mientras que apenas 18 son horizontales. Por segmento de mercado, el 36.6% pertenece al tipo tradicional, 33.8% al popular y 26.7% al medio. Solo un 2.6% corresponde a vivienda residencial, y apenas dos viviendas fueron registradas en el segmento económico.
Desfase entre precios e ingresos
La escasa producción habitacional no es el único problema: también existe una profunda desconexión entre los precios del mercado y los ingresos promedio de las familias. El Programa General de Ordenamiento Territorial 2020–2035 revela que la mayoría de las viviendas se ofertan en zonas donde el precio del metro cuadrado supera los 25,000 pesos, mientras que el ingreso mensual promedio en la ciudad ronda los 6,000 pesos.
Esa brecha ha empujado a miles de familias a alternativas precarias como el subarrendamiento, la cohabitación forzada, la autoconstrucción o incluso a migrar hacia las periferias, exacerbando la desigualdad urbana.
La Encuesta Nacional de Vivienda 2020 ya alertaba sobre esta situación: más de 801,000 viviendas adicionales eran requeridas en la capital, y aunque el 75.2% de los hogares tenía acceso a suelo para construir, las barreras eran otras: falta de financiamiento, de políticas públicas efectivas y de condiciones regulatorias adecuadas.
Riesgos del control de rentas sin oferta
En su comunicado, la AMPI también advirtió sobre los peligros de aplicar políticas unilaterales, como el control de rentas, sin atender el origen estructural de la crisis: la escasez. “Controlar precios sin resolver la falta de oferta solo agrava la crisis”, puntualizó Oviedo Ramírez.
La producción efectiva de vivienda hasta el primer semestre de 2025 refleja un grave desfase entre lo planeado y lo alcanzado, y la situación exige acciones decididas para evitar que la crisis habitacional se profundice.
Las metas están trazadas. El desafío es materializarlas con políticas públicas integrales, coordinación entre niveles de gobierno y colaboración con el sector privado y la sociedad civil. La vivienda digna no puede seguir siendo una promesa postergada.