Vender una casa usada en México se ha convertido en un proceso lento, burocrático y, muchas veces, incierto. A pesar de que el comprador haya tomado una decisión firme y cuente con los recursos o financiamiento aprobados, los trámites asociados a la compraventa pueden extenderse hasta medio año, debido a múltiples factores como procesos fragmentados, exceso de documentación y falta de coordinación entre actores clave del ecosistema inmobiliario.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), el tiempo promedio para concretar la venta de una vivienda de segunda mano oscila entre cuatro y seis meses, aunque en zonas con baja demanda o donde existen problemas legales o administrativos, el proceso puede prolongarse hasta dos años.
Juan Carlos Hartasanchez, director de asuntos corporativos de la proptech Tuhabi, advierte que uno de los mayores obstáculos no es únicamente el tiempo que toma el proceso, sino la falta de visibilidad y claridad para los involucrados.
“Una de las mayores frustraciones para las familias es que, después de encontrar la casa ideal, se enfrentan a un proceso lleno de obstáculos y etapas que no pueden controlar”, comentó.
La vivienda usada, un segmento clave con desafíos
Paradójicamente, el segmento de vivienda usada tiene un peso cada vez más importante en el mercado mexicano. De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), más del 62% de las operaciones de compraventa en el primer trimestre de 2025 correspondieron a inmuebles de segunda mano.
Aun así, la realidad para los compradores y vendedores sigue siendo compleja. Mientras que la vivienda nueva suele tener procesos más estandarizados y acompañamiento por parte de los desarrolladores, en el caso de la vivienda usada la operación depende de una cadena de actores —propietarios, notarios, instituciones financieras, valuadores, oficinas del registro público y servicios municipales— que no siempre trabajan de forma coordinada.
Notarías: uno de los principales cuellos de botella
Uno de los pasos más críticos es la escrituración de la propiedad, un proceso que requiere desde certificados registrales hasta constancias de no adeudo de predial, agua y otros servicios. Además, cada notaría tiene sus propios criterios, y cualquier error o inconsistencia en los documentos puede representar retrasos de días o semanas.
“Muchas personas no saben en qué etapa del proceso están ni cuánto falta para concluir la operación. Esa falta de transparencia genera ansiedad e incertidumbre”, agregó Hartasanchez.
Si la operación incluye un crédito hipotecario, la situación se vuelve aún más compleja. A pesar de tener una preaprobación, el desembolso final puede demorarse semanas debido a verificaciones adicionales del perfil crediticio o a procesos internos del banco.
La baja digitalización en oficinas públicas también es un factor relevante. Dependencias municipales o estatales responsables de emitir certificados, validar planos, o registrar escrituras, operan muchas veces con sistemas arcaicos o saturados de solicitudes, lo cual prolonga aún más los tiempos.
Soluciones tecnológicas: una vía para reducir tiempos
Frente a esta situación, diversas plataformas tecnológicas —como Tuhabi— han desarrollado modelos integrados que buscan agilizar la compraventa de vivienda usada. A través de herramientas digitales, estas proptechs ofrecen:
- Estimaciones automáticas de valor.
- Modelos de compra directa (iBuying).
- Gestión documental digitalizada.
- Red de brókers especializados.
- Integración con instituciones financieras para financiamiento rápido.
“Nuestro enfoque no busca reemplazar a los actores del proceso, sino conectarlos. Cuando los datos fluyen de manera transparente entre todas las partes, la compraventa se agiliza notablemente”, explicó Hartasanchez.
Aunque estas soluciones no pueden eliminar los tiempos derivados de trámites oficiales, sí representan una alternativa eficiente para compradores y vendedores que desean una operación más ágil y estructurada.
Hacia un ecosistema inmobiliario más eficiente
El caso de la vivienda usada en México pone de manifiesto la necesidad urgente de modernizar y digitalizar el proceso inmobiliario, especialmente en el ámbito de la gestión pública y los servicios notariales.
Expertos coinciden en que una mayor homologación de criterios notariales, automatización de trámites y coordinación interinstitucional son pasos clave para acortar los tiempos y mejorar la experiencia de compraventa, que hoy sigue siendo una de las más frustrantes para millones de mexicanos.
En un país donde más de la mitad del mercado inmobiliario se mueve en el segmento usado, reducir estos cuellos de botella podría traducirse en una mayor movilidad de capital, dinamismo para el sector y mejores condiciones para las familias mexicanas que buscan vender o adquirir un patrimonio.