En medio de un auge sostenido del mercado de bienes raíces en la región del Bajío, los fraudes inmobiliarios se han convertido en un fenómeno preocupante que amenaza tanto el patrimonio de las familias como la reputación de todo el sector. De acuerdo con cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante el año 2024 este tipo de delitos creció un 20% a nivel nacional, siendo el Bajío, y especialmente el estado de Querétaro, una de las zonas más afectadas.

El crecimiento desordenado de la actividad inmobiliaria, combinado con la creciente digitalización de procesos y la falta de filtros efectivos en la promoción y venta de propiedades, ha generado un terreno fértil para prácticas engañosas, particularmente en mercados de alta demanda.

Querétaro: foco de atención en el Bajío

En entrevista, Mario Palomares, presidente del Clúster de Innovación Inmobiliaria del Bajío (CIIB), advirtió que este problema no es nuevo, pero ha cobrado fuerza en los últimos años. Tan solo en Querétaro se tiene conocimiento de alrededor de 15,000 personas afectadas en el último lustro, con cerca de 500 carpetas de investigación abiertas, aunque hasta ahora no se ha reportado la detención de responsables, lo que pone en evidencia la dificultad para sancionar este tipo de delitos.

“Ya sea uno o miles de afectados, es un tema que requiere de atención por la confianza, la certeza y la credibilidad que necesita la industria inmobiliaria. El impacto es muy fuerte”, señaló Palomares.

El atractivo de Querétaro como destino residencial —por su cercanía con la Ciudad de México, calidad de vida y dinamismo económico— ha incentivado un flujo constante de demanda habitacional: se estima que 120 familias llegan cada día buscando establecerse en el estado. En este contexto, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), durante 2024 se colocaron 18,764 viviendas, un aumento del 7.5% respecto al año anterior. Sin embargo, este mismo crecimiento ha sido explotado por grupos organizados que operan esquemas fraudulentos en la venta de vivienda.

Cómo operan los fraudes

El modus operandi más común, de acuerdo con el CIIB, incluye anuncios falsos en internet, uso de identidades ficticias, promesas de entrega de viviendas inexistentes, y cobro de anticipos sin respaldo legal. En algunos casos, los delincuentes incluso muestran proyectos en maqueta o renders digitales, aprovechándose del desconocimiento o la urgencia de las personas por adquirir un patrimonio.

A pesar de que Querétaro cuenta con un marco jurídico robusto, el ritmo acelerado del desarrollo urbano ha superado la capacidad de respuesta institucional, lo que hace urgente reforzar las medidas de prevención y regulación.

Una respuesta desde el sector: Certificación de Desarrollador Confiable

Ante esta situación, el propio sector inmobiliario ha comenzado a organizarse para ofrecer mayores garantías al comprador. Una de las medidas más destacadas es la creación de la Certificación de Desarrollador Confiable, impulsada por el Consejo de Profesionales Inmobiliarios de México y el CIIB.

Esta certificación no evalúa proyectos individuales, sino a las empresas desarrolladoras en su conjunto, bajo estándares rigurosos que incluyen legalidad, solvencia financiera, gobernanza corporativa, ética empresarial y trayectoria técnica. El proceso estará a cargo de un Comité Certificador Autónomo, compuesto por expertos independientes del sector inmobiliario, legal y financiero.

“La iniciativa busca proteger la inversión de las familias y fortalecer la reputación de los desarrolladores formales”, explicó Palomares. “Queremos que el comprador tenga una herramienta clara para distinguir quién es confiable y quién no”.

El programa iniciará su implementación en Querétaro, pero tiene planes de expansión a otros nueve estados prioritarios, entre ellos Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Michoacán. Hasta el momento, más de 40 empresas han manifestado su interés en obtener este distintivo, como una forma de validar su compromiso con las buenas prácticas y la transparencia.

Retos hacia adelante

La tendencia al alza de los fraudes inmobiliarios evidencia un reto estructural que requiere tanto acciones preventivas por parte de las autoridades como corresponsabilidad del sector privado. Fortalecer la supervisión de plataformas digitales, implementar registros públicos de desarrolladores, y fomentar una cultura de educación financiera e inmobiliaria entre los compradores, son elementos clave para enfrentar esta problemática.

Por ahora, el mensaje es claro: si bien el mercado inmobiliario del Bajío —y particularmente Querétaro— sigue siendo un polo de atracción para la inversión y la vivienda, la precaución y la verificación se vuelven fundamentales para quienes desean adquirir una propiedad sin convertirse en víctimas de un fraude.

Con la implementación de certificaciones y un mayor esfuerzo por parte de los actores formales, se espera que el sector pueda recuperar la confianza, garantizar la seguridad patrimonial de los compradores y mantener el dinamismo económico sin sacrificar la legalidad ni la ética.